Publicado el 23 de Diciembre, 2022
Autor: Dirección de Prensa y Relaciones Públicas
Trabajadores están destacados en centros educativos de zonas con poco o muy poco desarrollo social.
Procuraduría General de la República advirtió que no es posible modificar el plus para incluir a otros beneficiarios.
El Ministerio de Educación Pública pagará este lunes el ajuste al pago del zonaje a cerca de 25.000 funcionarios que laboran en centros educativos de zonas con bajo o muy bajo desarrollo.
El beneficio se calcula con una metodología que toma en cuenta variables como el Índice de Desarrollo Social del Ministerio de Planificación y la ubicación geográfica del centro educativo.
La decisión se adoptó luego de que la Procuraduría General de la República emitiera un pronunciamiento en cuanto a la restricción vigente en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Púbicas para la creación de nuevos incentivos, compensaciones o pluses salariales en el sector público.
La Procuraduría consideró que la modificación de un plus salarial preexistente para incluir a otros beneficiarios que no estaban originalmente contemplados riñe con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esta situación hizo que el MEP se abocara a emprender una revisión exhaustiva del personal destacado en zonas de bajo y muy bajo desarrollo social que estarían legalmente facultados para recibir el pago, tal como se contempló en la III Convención Colectiva.
La decisión de la Procuraduría fue conocida en el seno de la Junta Paritaria, mesa en la que se convino que mientras se realiza un análisis jurídico más amplio de la población excluida y con el fin de no afectar a la totalidad de la población que se consideró inicialmente en la Convención Colectiva vigente, se giren los recursos a los funcionarios que en este momento puedan percibirlos.
Los personeros del MEP que a la fecha han recibido el zonaje establecido en el Decreto Ejecutivo No. 16347-MEP lo seguirán percibiendo con normalidad.
En total el MEP destinará ¢4.990 millones para el pago. El zonaje –que no se considera un derecho adquirido– aplica para centros educativos, no para personas.
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