MEP apela informe emitido por la Contraloría General de la República sobre la Red Educativa del Bicentenario
- Medida solicitada por la Contraloría afecta urgencia de conectividad en 2.139 centros educativos del país.
La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, envió ayer, a la Contraloría General de la República (CGR), un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria contra la orden emitida por ese órgano contralor, de suspender la ejecución de la Red Educativa, en el eje delegado a la Fundación Omar Dengo (FOD), y que vendría a solventar las limitaciones de conectividad de 2.139 centros educativos y sus cerca de 700 mil estudiantes. El segundo eje, a cargo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), continúa su proceso, según lo indica la misma Contraloría.
En esa resolución, la Contraloría dispuso que el MEP debía ordenar a la FOD, suspender de forma inmediata cualquier proceso en ejecución de la Red Educativa del Bicentenario (REB), contemplada como parte del anexo Nº 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el MEP y la FOD. Directriz que fue acatada por el Ministerio.
Dicho anexo se firmó el 14 de febrero del 2020 y faculta a la Fundación como la Unidad Administradora y Ejecutora de una parte del proyecto. La creación del “Programa Nacional de Informática Educativa” (PRONIE-MEP), entre el MEP y la FOD, existe desde 1988, y su alcance se amplió por acuerdo del Consejo Superior de Educación (CSE), que declara de utilidad pública el programa de informática educativa y le encarga su ejecución a la FOD.
“El documento emitido por el ente contralor hace referencia a una serie de acciones, en el marco de este convenio, desde el 2004, que si bien muestran un orden cronológico en cuanto a fechas de emisión de los documentos, no permiten comprender la temática, intencionalidad, ni dirección sobre el análisis realizado. Por otra parte, no considera el estudio, elementos aportados por el MEP que logran acreditar su participación activa y las habilitaciones de orden normativo para actuar; además de que presenta inconsistencias jurídicas”, expresó Mario López, Director Jurídico del MEP, quien comentó que el principal señalamiento está relacionado con la delegación de responsabilidades del Ministerio hacia la FOD.
La orden emitida por la Contraloría, mediante el oficio DFOE-CAP-0684 (N° 15428) el pasado 11 de octubre de 2021, afirma que el MEP es el encargado de prestar el servicio de educación pública como un proceso integral; sin embargo, la razón de ser del Ministerio es el servicio educativo, cuyas funciones esenciales, emitidas por medio del Consejo Superior de Educación, corresponden a planes, programas, políticas y demás similares en materia de currículo educativo, y no así los servicios adicionales que adquiere para su adecuado y continuo funcionamiento.
La Contraloría señala que el MEP cuenta con la Dirección de Informática de Gestión (DIG) como la encargada de las tecnologías de información y telecomunicaciones, pero es necesario reformular correctamente la interpretación dada por el ente contralor, pues la DIG se reorganizó para apoyar el modelo de servicio actual de conectividad de internet con ancho de banda limitado que no se ajusta al nuevo modelo de REB.
En ese sentido, contrario a lo planteado por la Contraloría, el MEP nunca ha delegado sus funciones esenciales a la FOD, como tampoco ha trasladado sus responsabilidades con respecto del proyecto de la Red Educativa.
El anexo N° 2 al convenio marco define en el artículo 4 que la Red Educativa es un “(…) Servicio Tecnológico base de conectividad que permitirá el aprovisionamiento de tecnologías existentes y nuevas que apoyarán el proceso administrativo y educativo del MEP (…)”; en concordancia, el artículo 6, dice que “El proyecto de la Red Educativa del Bicentenario constituirá un servicio institucional tecnológico que aprovisionará de una red de banda ancha a los centros educativos y demás dependencias (…)” del MEP.
Los proyectos ejecutados por la FOD, se llevan a cabo a través de procesos de contratación públicos en los que se resguarda la aplicación de los principios de contratación administrativa. Estos procesos de compra son de consulta pública, sujetos a controles por parte del MEP y de la misma CGR.
Desde hace varios años y en múltiples ocasiones, el mismo ente contralor ha conocido de la actividad de la FOD sin que se haya planteado cuestionamiento alguno en torno a su competencia como órgano ejecutor del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), el cual se establece bajo los preceptos de la Ley 8207.
El recurso presentado por la Ministra, evidencia, a través de 55 páginas que el MEP ha mantenido la prestación y administración de los servicios de educación y que el proyecto REB, desde sus orígenes, ha sido planificado, dirigido, controlado y coordinado por este ministerio, actuaciones que constan en toda la documentación remitida, de forma certificada, a ese órgano contralor.
Los dos ejes de la Red Educativa Bicentenario
Con el objetivo de fortalecer y garantizar la consecución del programa PRONIE –MEP, el Gobierno de la República inició un trabajo dirigido a que los centros educativos públicos cuenten con el acceso y la conectividad de calidad por medio de una única red de banda ancha, a través de la implementación de la Red Educativa del Bicentenario (eje FOD), la cual está adscrita a las objetivos del Programa, declarado de interés público por la Ley No. 8207.
Actualmente, el proyecto de la Red involucra dos ministerios rectores (Educación y Telecomunicaciones), dos unidades ejecutoras (FOD y Superintendencia de Telecomunicaciones –SUTEL-) y varios proyectos llevados a cabo por cada unidad ejecutora, vinculados, a su vez, a uno o más contratos.
“Por ejemplo, la implementación de la Red, eje FONATEL, en su proyecto 2021, implicó que la SUTEL autorizara que la Unidad de Gestión, que contrató FONATEL, ampliara al menos ocho contratos que mantenía activos con proveedores de servicios del mercado de telecomunicaciones”, explicó Paula Villalta, Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional, del MEP, quien agregó que esa dinámica implica que el Ministerio no sólo debió establecer la necesidad educativa y los objetivos de política pública a dos unidades ejecutoras distintas en su naturaleza, sino también que debe dar seguimiento a ambas por separado, lo cual planteó retos de planificación, dado que cada una ejecutaría proyectos distintos.
Afectación
“Continuar retrasando la implementación de la Red Educativa Bicentenario, reduce la posibilidad de generar una solución integral para que la conectividad y los servicios de TI, apoyen los recursos educativos y didácticos que permitan promover una gestión curricular y administrativa innovadora que impacte en los procesos de enseñanza aprendizaje y que, a la vez estimule el desarrollo profesional permanente de toda la comunidad educativa, disminuya la brecha digital y contribuya a la mejora de la calidad de la educación”, manifestó la Viceministra Villalta.
El eje FOD de la Red Educativa del Bicentenario, tenía previsto beneficiar 2.139 centros educativos, más de 700 mil estudiantes, 50 mil docentes y 15 mil funcionarios administrativos.
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