19 de Octubre 2020

Reducción solicitada de ₵190 mil millones al presupuesto del MEP amenaza continuidad del curso lectivo 2021.

La reducción fue solicitada por los diputados durante el análisis del presupuesto ordinario del 2021.

La mayor afectación se da en los programas de tecnologías de información, precisamente en momento en que se requiere fortalecer la educación virtual.

Rebajos también alcanzan la capacitación docente y el transporte de estudiantes.

Una reducción de ₵190 mil millones del presupuesto ordinario del 2021 del Ministerio de Educación Pública (MEP), solicitada por los diputados, pone en peligro la continuidad del servicio educativo en tiempos complejos que exigen un mayor uso de las tecnologías y la recuperación de objetivos curriculares que no fueron alcanzados debido a la pandemia por COVID-19.

Dentro de las mayores afectaciones que sufriría el MEP, están las correspondientes al programa relacionado con la Tecnología a la educación, donde las reducciones solicitadas, no solo afectarían las funciones básicas del Ministerio, si no que la reducción a la Fundación Omar Dengo dejaría sin conectividad de internet a 721.947 estudiantes en 2.120 centros educativos que están incluidos en la Red Educativa del Bicentenario, cuyo contrato está en proceso de adjudicación.

“Dichos rebajos se están solicitando precisamente en tiempos donde es mandatorio utilizar nuevos modelos educativos desde una propuesta bimodal donde convivan la presencialidad y la virtualidad”, expresó la Ministra de Educación; Guiselle Cruz, para quien es necesario el análisis del contexto, para pedir recortes.

Dichas manifestaciones las hace la Ministra, al informar que además, se está pidiendo la eliminación de recursos para la Plataforma Ministerial SABER que tiene como objetivo integrar los sistemas de información con nuevas tecnologías, para fortalecer la gestión administrativa y digitalizar la gestión educativa. Esta herramienta, que promueve un espacio para la participación activa de la comunidad educativa, mediante la virtualidad y conectividad, es hoy un imperativo.

El rebajo en tecnología también imposibilitaría la compra de equipo para los colegios técnicos, tales como: simuladores para la enseñanza en línea, simuladores de enseñanza industrial, simuladores para la enseñanza de labores agropecuarias y equipo de simulación del proceso de control de máquinas de control numérico computarizado de acuerdo con los nuevos programas de estudio.

“¿Cómo vamos a implementar los nuevos programas de estudios técnicos sin recursos para adquirir los equipos?”, pregunta la Ministra Cruz, para quien es absolutamente contradictorio que se exija el mejoramiento de la calidad de la educación, el fortalecimiento de la educación virtual y la recuperación de objetivos curriculares, y al mismo tiempo se corten los recursos para lograrlo.

A esta afectación a la calidad de la educación, pues será imposible mejorar sin tecnología, se suma un recorte en el programa relacionado con la gestión y evaluación de la calidad, lo que eliminaría recursos para la planificación, elaboración e implementación de las pruebas nacionales en actividades como la construcción y calificación de ítems para las pruebas nacionales como FARO y gestión para las internacionales como PISA.

Más afectaciones

También hay afectación en los Programas de Equidad; en el rubro de transporte se limita  la movilidad de los estudiantes y a algunos se les imposibilitaría regresar a la presencialidad.

La reducción de más de ¢6 mil millones en los recursos a transferir a las juntas de educación y administrativas, impactará directamente a los pagos de servicios básicos (agua, luz, mantenimiento, chapias, etc.) en los 4500 centros educativos.

“Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la exclusión, cómo vamos a seguir diciendo que nuestro objetivo es que nadie se quede atrás, si les quitamos a las personas estudiantes opciones para llegar a los centros educativos y permanecer en ellos en condiciones adecuadas?”, se pregunta la Ministra.

El rebajo de ¢8.847 millones para la reducción de las 2.000 cocineras conlleva problemas presupuestarios pues se recorta en la subpartida del presupuesto pero no se repone el monto en las transferencias a las juntas de educación y administrativa, quienes no tendrían la posibilidad de contratar a dichas cocineras. Ello afecta la continuidad y sostenibilidad de más 1.000 comedores estudiantiles, y directamente a 200 mil personas estudiantes. 

 

La otra gran afectación está en el recorte al Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) Uladislao Gámez Solano, quien, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, y como parte de la Intervención estratégica “Aseguramiento de la calidad docente” debe “Evaluar a los docentes mediante la Estrategia de Evaluación para la mejora de la calidad educativa”. Esto tampoco podría llevarse a cabo.

También hay recortes en el  programa de Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo, desde donde se frenaría el desarrollo de la infraestructura educativa y la atención de órdenes sanitarias, así como la compra de equipo (pupitres, etc.) dentro de los 4.500 centros educativos y la consecuente afectación a las personas estudiantes.

Incluso, el rebajo a las partidas de servicios generales, imposibilitaría la contratación de los servicios de seguridad, limpieza, fumigación, etc., lo que en tiempos de pandemia es ineludible.

“Estamos de acuerdo con la contención y reducción del gasto, pero solicito respetuosamente a las señoras y señores diputados que revisen  los recortes propuestos mediante mociones hasta ahora, porque afectarían a profundidad el servicio educativo y, con ello, a más del millón de estudiantes que tenemos a cargo”, concluyó la Ministra

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