Gobierno invirtió ₡247.647 millones en infraestructura educativa en los últimos cuatro años

Obras en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Alajuelita en San José, en el Instituto de Alajuela, en el Liceo Académico Llano de los Ángeles en Corralillo de Cartago, en el IEGB de Limón 2000, en la Escuela Tomás Guardia Gutiérrez en Bagaces, Guanacaste; en la Escuela Alberto Echandi Montero en Ciudad Neily en Corredores, Puntarenas, y en la Escuela Pedro Murillo Pérez en Barva, Heredia, son un pequeño muestrario de los 582 proyectos de infraestructura educativa realizados por el Gobierno entre el 2018 y el 2022.

Con estas obras se han beneficiado 220.000 estudiantes en todo el país.

En total, la Administración Alvarado Quesada invirtió ₡247.647 millones en centros de educación preescolar, escuelas y colegios.

De ese monto, ₡197.716 millones corresponden a trabajos finalizados, entre obras nuevas, remodelaciones, mantenimiento mayor e intervenciones menores, en todas las provincias: 139 obras se desarrollaron en Alajuela, 117 en Puntarenas, 115 en San José, 75 en Guanacaste, 68 en Limón, 38 en Cartago y 30 en Heredia.

Además, quedan 47 obras en ejecución y hay 39 proyectos en etapa de adjudicación.

“Durante estos cuatro años trabajamos para avanzar en importantes proyectos de infraestructura educativa en todo el país. Tuvimos la claridad de que esta es una inversión en el presente y el futuro de nuestros estudiantes para ofrecerles una educación de calidad. Hicimos un gran esfuerzo porque las necesidades son enormes y nuestros recursos limitados. Tenemos la satisfacción de ver tantas obras finalizadas en todas las provincias para el bien de la niñez, la juventud y el desarrollo de las comunidades”, dijo Carlos Alvarado, presidente de la República.

A lo largo del territorio nacional. Como resultado de este trabajo del Ministerio de Educación Pública (MEP), hubo mejoras y renovaciones en centros educativos de la provincia de San José como el Liceo Napoleón Quesada en Goicoechea (casi ₡5.340 millones), en la Escuela Ramón Bedoya Monge en San Antonio de Puriscal (₡829,4 millones) y en la Escuela República de Nicaragua en Cristo Rey (₡773 millones).

En la provincia de Limón se efectuaron importantes obras en 68 instituciones, entre ellas el CTP de Guácimo (unos ₡1.690 millones), el IEGB de Limón 2000 (₡1.567 millones), la Escuela La Teresa en Pococí (casi ₡728 millones) y la escuela de Hone Creek (₡344,9 millones).

Las escuelas Tomás Guardia Gutiérrez en Bagaces con una inversión de ₡1.789 millones, María Marín Galagarza en Santa Cruz con ₡792 millones y de Cartagena con ₡502,7 millones muestran el avance en Guanacaste.

En Heredia se transformó la infraestructura  en el CTP del Este en Santo Domingo (₡750,6 millones), la Escuela Pedro Murillo Pérez en Barva (₡532,8 millones), el IPEC Barva (₡483,7 millones) y el Liceo Rural Durán Ocampo en Puerto Viejo de Sarapiquí (₡413,5 millones), mientras que en la provincia de Alajuela quedaron las mejoras y obras nuevas en el Instituto de Alajuela (₡4.380,7 millones), el CTP de Upala (₡1.974 millones), la Escuela Sarchí Norte (₡557,6 millones) y Escuela Enrique Riba Morella en Pilas (₡874,6 millones), entre muchas.

Además, en la provincia de Cartago se invirtió en las escuelas Eduardo Peralta Jiménez en Tucurrique (₡786,7 millones) y Jesús Jiménez (₡590 millones) y el Colegio Nocturno de Cartago (más de ₡1.015 millones), y en Puntarenas en instituciones como la escuela Alberto Echandi Montero en Ciudad Neily (₡1.281,6 millones), escuela Guayacán en Laurel (₡645,4 millones) el Liceo Rural de Salitre en Buenos Aires (₡620 millones) y el Liceo Rural El Progreso en Comte Burica (₡561 millones).

Cambios necesarios. Además, se avanzó en la agilización de  los procesos constructivos en el MEP con el fin de atender las grandes necesidades en materia de infraestructura educativa que vienen desde hace décadas y las limitaciones de presupuesto para los requerimientos de tantos centros de estudio.

Steven González Cortés, ministro de Educación Pública, dijo que la reorganización de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) planteó un nuevo modelo de trabajo enfocado en proyectos que busquen optimizar los procesos constructivos con acciones administrativas más ágiles y modernas. “Modernizar los procesos de la DIE permitirá satisfacer la demanda de las poblaciones y será un camino sistemático que busque aplicar técnicas e instrumentos que mejoren la gestión”, aseveró el jerarca.

Entre los grandes avances en este ámbito están:

Modificación del artículo 145 de la Ley de Contratación Administrativa en 2020. Permitió a la Proveeduría Institucional del MEP, contratar obras constructivas de alta cuantía por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). De esta forma, hay mayor control del gasto y del proceso como tal.

Agilización de procesos. Se creó una lista de empresas precalificadas, tanto para obra constructiva como para el diseño de planos. Esta es una de las formas de agilizar procesos, al permitir que las contrataciones se hagan por paquetes y en determinadas zonas, lo cual facilitará el plan de acción. En este momento, el MEP se encuentra a la espera de la aprobación de dicha lista por parte de la Contraloría General de la República.

Creación del Departamento de Mantenimiento. Aprobada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la creación de esta dependencia permitirá disminuir los riesgos asociados al deterioro de las plantas físicas y reducir el número de órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. En la actualidad, la estructura está sujeta a contenido presupuestario, detalló el ministro de Educación.

Atención de solicitudes de infraestructura. Catalina Salas, directora de la DIE, se refirió a los avances en la gestión de los macroprocesos para atender las solicitudes de infraestructura educativa de los centros educativos.

Mencionó que, a partir del decreto ejecutivo 38170-MEP, un cambio significativo es que la Dirección de Planificación Institucional (DPI) del MEP, ha venido trabajando con la DIE en establecer una estrategia de atención de dichas solicitudes involucrando a parte importante de la estructura administrativa regional que tiene el MEP distribuida a lo largo y ancho del país.

Según dicha estrategia, las solicitudes deben ser avaladas inicialmente por el supervisor de circuito, quien, a su vez, las traslada a la Dirección Regional para su validación. Luego, la DPI usaría una serie de variables de evaluación para trasladarle a la DIE un listado priorizado de solicitudes por atender en materia de infraestructura educativa.